El alto tribunal se reúne el martes 13 de octubre para resolver el recurso de la USC contra la sentencia del TSXG que dio la razón al colectivo investigador predoctoral
Hace ya año y medio desde que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenó a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) a pagar al personal predoctoral las indemnizaciones por extinción de contrato que dejó de abonar a partir del año 2016.
La USC presentó recurso de casación de dicha sentencia ante el Tribunal Supremo (TS), y será el próximo martes 13 cuando este tribunal se reúna para tomar una decisión. Esta ya no se trata de una reclamación de índole gallega o compostelana, sino estatal, pues la decisión del alto tribunal guiará el futuro de otras demandas y reclamaciones pendientes a lo largo del Estado.
La sentencia del TSXG fue recurrida “por una cuestión de seguridad jurídica”, en palabras del gerente, palabras que no compartimos pues en su fallo el TSXG es claro equiparando el contrato predoctoral al contrato temporal, afirmando que en ningún caso se trata de un contrato en formación: “contrato [el formativo del artículo 11 del Estatuto de Trabajadores] que en modo alguno puede equipararse al suscrito por los trabajadores afectados por el conflicto aun cuando se denomine predoctoral en formación”. Esta es, por tanto, una de las muchas excusas que el Equipo de Gobierno de la USC viene empleando para negarle a sus trabajadores y trabajadoras este y otros derechos fundamentales.
La indemnización por fin de contrato fue una de las primeras peticiones que desde la Asemblea de Investigadoras de Compostela (AIC) le trasladamos tanto al rector de la USC, Antonio López, como al Vicerrector de Investigación e Innovación, Vicente Pérez Muñuzuri, y al gerente, Javier Ferreira. Pero nunca ninguno de ellos, ni tampoco el resto del Equipo de Gobierno de la USC, mostró el más mínimo interés por solucionar el problema, obligando a cientos de investigadoras a acudir a los juzgados al finalizar sus contratos. Esto acrecienta la conflictividad judicial que ya le cuesta a la USC más de 1 millón de euros de recursos estructurales.
La reclamación de la indemnización por extinción de contrato como un derecho básico del personal investigador es una de las reivindicaciones que nos llevó a iniciar la campaña de los #MartesNegros #PorUnhaUSCDigna y que hoy suma ya 85 martes vistiendo las más de 400 camisetas realizadas. En esta línea vindicativa, destaca la campaña #SinDerechosTampocoHayCiencia que está llevando a cabo la Coordinadora Marea Roja de la Investigación, agrupación de más de 15 asociaciones, colectivos y sindicatos de todo el Estado, en la cual se visibilizan este y otros problemas de precariedad laboral con los que el personal investigador tenemos que convivir.
Esperamos que una vez más los tribunales nos den la razón. Mientras los problemas no se solucionen, seguiremos luchando #PorUnhaUSCDigna porque #SinDerechosTampocoHayInvestigación.